SAN JUAN — Es un territorio orgullosamente de habla hispana en una época en que la Casa Blanca ha retirado la versión en español de su sitio web. Es tan materialmente pobre como lo es rico en cultura. Además, Puerto Rico ha entrado en una nueva y exótica versión de bancarrota, pues enfrenta obligaciones de deuda y pensiones por la asombrosa cantidad de 123 mil millones de dólares.

En pocas palabras, es difícil imaginar un peor momento para que los funcionarios del partido gobernante en este territorio del Caribe convenzan a Washington de que están listos para convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.Pero se han comprometido a defender sus argumentos de todos modos.

Si les dicen que la misión parece imposible, invocarán el largo arco moral del universo y cómo se inclina hacia la estadidad de Puerto Rico. "Eso le dijeron a los negros", dijo un indignado Ramón Rosario Cortés, secretario de Relaciones Públicas de Puerto Rico, en una entrevista a principios de mayo. "¡Que estaban perdiendo su tiempo cuando asistían a las marchas de Martin

El fuerte impulso a favor de la estadidad fue una promesa central de campaña del gobernador Ricardo Rosselló, de 38 años, quien asumió su cargo en enero. En junio, pedirá a los residentes que voten en un plebiscito no vinculante, como parte de un arreglo a largo plazo para un territorio que enfrenta un periodo de severa austeridad, la cual incluirá el cierre de escuelas públicas, el congelamiento de los salarios, cortes a las pensiones y afectaciones a las inversiones en materia de salud pública. La isla sigue sufriendo una recesión que se ha mantenido durante gran parte de la década pasada.

Los tres partidos políticos principales no están divididos según líneas ideológicas; en vez de eso, los puertorriqueños los conocen como el partido de la estadidad, el partido de la independencia y el partido que apoya una versión mejorada del statu quo. A los votantes del plebiscito del 11 de junio se les pedirá que escojan entre esas tres visiones.

El movimiento de la independencia ha sido debilitado por las ventajas del estatus de territorio no incorporado: aunque los puertorriqueños que residen en la isla no pueden votar por un presidente y su único representante en el Congreso de Estados Unidos tampoco puede votar, son ciudadanos estadounidenses y pueden mudarse a ese país si así lo desean.Para algunos simpatizantes de la estadidad, la escasa posibilidad de convencer al congreso a partir del plebiscito no es tan importante como el enviar un mensaje a Washington. "Es solo para que puedan escuchar nuestra voz", dijo Marcos Díaz, propietario de una empresa de mudanzas.